74 son Palmeros son victimas de la barbarie Franquista, solo por pensar y tener criterio, esta es la lista que jamás debemos olvidar que destrozaron familias enteras y sueños rotos por la ambición y la ansias de poder.
1 ANTONIO “EL CUBANO” Los Sauces. Músico 2 ANTONIO ACOSTA HERNÁNDEZ Tazacorte 3 JOSÉ ACOSTA LORENZO Tazacorte. 4 MANUEL ACOSTA MATÍAS Los Llanos. Secretario Sindicato Unión Obrera de Argual Partido Socialista. 5 GRACIANO BATISTARODRÍGUEZ San Andrés y Sauces. Tendero, 6 ADOLFO BENCOMO GARCÍA S/C. de La Palma. Comisionista. 7 JOSÉ MARÍA BRITO BRITO Los Llanos Conserje Casino Los Llanos y Guardia asalto 8 EUSTAQUIO CABRERA RODRÍGUEZ Puntallana. Agricultor 9 MANUEL CAMACHO LORENZO Tasacorte. 10 FROILAN C ANDELARIO MACHÍN Puntagorda. Agricultor 11 MODESTO CARBALLO SOSA Los Llanos. 12 MANUEL CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ San Andrés y Sauces. Jornalero. 13 FRANCISCO COSME GUERRERO Málaga. Residente La Palma. Guardia Asalto 14 ROSENDO CRUZ ÁLVAREZ Las Breñas. 15 VICTOR FERRAZ ARMAS Isla de La Palma Albañil 16 ANTONIO FERNÁNDEZ ACOSTA Los Llanos. Profesor 17 FÉLIX FERRAZ VERGARA Mazo. 18 VALENTÍN GARCÍA GARCÍA Huelva. S/C. de La Palma. Guardia Municipal. 19 MANUEL GARCÍA TRIANA Mazo. Zapatero 20 ANTRINIO GONZÁLEZ CABRERA Garafía. 21 JUAN GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ Breña Alta. Tabaquero. 22 ISMAEL GUERRA FERNÁNDEZ S/C. de La Palma. 23 VICENTE GUTIERREZ CABRERA Tazacorte. 24 HILARIO HERNÁNDEZ ACOSTA Los Llanos. Tabaquero. 25 MANUEL HERNÁNDEZ ACOSTA Tazacorte. Jornalero. 26 DIONISIO HERNÁDEZ CABRERA Puntallana. Agricultor. 27 ISMAEL HERNÁNDEZ DÍAZ S/C. de La Palma. Tipógrafo de prensa 28 VIDAL HERNÁNDEZ FELIPE Puntallana 29 ANTONIO HERNÁDEZ GONZALEZ Los Llanos. Músico. 30 ANTONIO HERNÁNDEZ GUERRA Puntallana. Agricultor y camionero. 31 DIONISIO HERNÁDEZ HERNÁNDEZ Puntallana. 32 MIGUEL HERNÁDEZ HERNÁNDEZ Los Llanos. Tintorero. 33 ARGELIO HERNÁDEZ HERNÁDEZ Puntallana. 34 ÁNGEL HERNÁDEZ HERNÁDEZ Puntallana Agricultor. Arriero y Carbonero.. 35 SIXTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Mazo. Campesino. 36 CELESTINO HERNÁNDEZ MENDOZA S/c. de La Palma 37 IMAEL de las CASAS CAMACHO Los Llanos. Electricista y comerciante. 38 JOSÉ RUPERTO LEÓN RODRÍGUEZ Los Llanos. Concejal 39 EUSEBIO LORENZO HERNÁDEZ Mazo. Agricultor. 40 ANTONIO LORENZO PÉREZ Tasacorte. Concejal 41 FULGENCIO LORENZO RIDRÍGUEZ Garafía. 42 ESTEBAN MAGDALENA RIVERO Los Llanos. Agricultor. 43 MANUEL MAGDALENA TORRES Los Llanos. Secretario Sindicato Unión de Trabajadores de Los Llanos 44 NICOLÁS MARTÍN BRITO Los Llanos. Guardia Municipal 45 DIMAS MARTÍN LÓPEZ Puntagorda. Agricultor. 46 ORENCIO MATA RODRÍGUEZ Garafía. 47 MARTÍN MEDINA REYES. Garafía. Tendero (puesto en la Recoba S/c. de La Palma). 48 SEBASTIÁN OLIVERO DUARTE Fuerteventura Residente Los Sauces Directivo Sindicato de Oficios Varios 49 ESTEBAN PÉREZ BRITO Barlovento Jornalero. 50 JUAN PÉREZ CABRERA Residente Isla de La Palma. Tesorero Comité Local de Unión Republicana. 51 SABINO PÉREZ GARCÍA Velhoco. Agricultor y pastor. 52 ERNESTO PÉREZ GONZÁLES Residente Isla de La Palma. Agricultor y marchante.. 53 LEONCIO PÉREZ LORENZO Tazacorte, miembro Agrupación Obrera y Campesina, presidente del Sindicato de Oficios Varios. 54 SERVANDO PÉREZ Y PÉREZ Puntagorda. Agricultor 55 FRANCISCO CLAUDIO PÉREZ Y PÉREZ Garafía. Directivo del Sindicato Oficios Varios 56 JOSÉ MIGUEL PÉREZ Y PÉREZ S/c. de La Palma Fundador del Partido comunista de La Palma. 57 JOSÉ RAMOS CONCEPCIÓN Tasacorte. Profesor y librero 58 SEBASTIÁ RAMOS HENRIQUEZ S/C. de La Palma.Tabaquero y Músico. 59 ENRIQUE RAMOS HENRRIQUEZ S/C. de La Palma.Tabaquero y Músico. 60 JUAN RODRÍGUEZ ACOSTA S/C. de La Palma Tabaquero 61 GRATINIANO RODRÍGUEZ ACOSTA Puntagorda. Practicante 62 FRANCISCO RODRÍGUEZ BETANCOR Los Llanos Mecánico electricista. 63 DELFÍN RODRÍGUEZ BRITO Garafía. Guardia Municipal 64 FLOREAL RODRÍGUEZ PÉREZ S/C. de La Palma. Tabaquero y Redactor de “Espartaco” 65 SEGUNDO RODRÍGUEZ PÉREZ Tazacorte Agricultor y arriero. 66 ANICETO RODRÍGUEZ PÉREZ Puntallana. Agricultor 67 DIONISIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Puntagorda Agricultor 68 JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Tijarafe. Presidente Sindicato de Torcedores 69 GERMÁN SÁNCHEZ S/C. de La Palma 70 ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍN Garafía. 71 JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Tazacorte. 72 CARLOS SICILIA PÉREZ Breña Baja Maestro Nacional 73 JULIÁN VIDAL TORRES S/c de La Palma Doctor en Derecho y Licenciado en Filosofía y Letras.) 74 AGUSTÍN ZAMORA HERNÁNDEZ S/c de La Palma Tabaquero. Muchos no los olvidamos. Y sus familias menos.
Fusilados gomeros.
LA REPRESIÓN DE UNA HUELGA GENERAL SE SALDA CON DOS GUARDIA CIVILES Y UN CAMPESINO MUERTOS Y VARIOS HERIDOS
Al igual que en Castilblanco, Arnedo y Casas Viejas[1], el 22 de marzo de 1933 su produjeron en Hermigua unos hechos que llenaron de bochorno y vergüenza a la Republica. Un centenar de obreros del sindicato Federación Obrera se enfrentan a la Guardia Civil, los desarman y los matan, después de que un campesino cayera muerto por las balas de la autoridad.
Aunque el asunto venía de mucho antes, todo empezó el 14 de marzo de 1933. Los trabajadores de esta villa, del Norte de la Gomera, en su mayoría afiliados a la Federación Obrera, un sindicato controlado mayoritariamente por el PSOE, lanzan el siguiente manifiesto:
“A Obreros y Campesinos. Al Pueblo en general. Camaradas y amigos:
“Acompañados de sentimientos de rabia y de dolor va esta protesta. Nuestro fervor por la República así nos lo dice. Nuestro pueblo se hunde más y más, bajo el peso de unos canallas embriagados en la ciénaga de corruptelas morales y políticas. Nos referimos, camaradas, al caciquismo tradicional, cuyos miembros como los caimanes siguen siendo los mismos aunque hayan cambiado de color. Son los enemigos emboscados de la República. Solo esperan el momento propicio para darle el zarpazo.
“Hoy se vengan en nosotros. Como trabajadores y representantes de la República aceptamos la batalla. En ella mediremos nuestras manos y veremos si esos señoritos, que se llaman agrarios, las tienen tan endurecidas por los callos como las nuestras. Callos, compañeros, que nos los hemos hecho, para que comieran esos que quieren darnos latigazos.
El manifiesto era el punto de partida para la convocatoria de una huelga general revolucionaria en un pueblo de apenas 39,67 kilómetros cuadrados (cien veces menor que las fincas de recreo de Mario Conde o Juan Abelló en Ciudad Real) con una población censada de 5.842. La huelga se celebraría el 22 de ese mes, hace ahora 80 años. El texto, escrito en el leguaje revolucionario de la época, añadía:
“Pues bien, camaradas, estos salteadores de nuestras conciencias e intereses, quieren continuar sacudiendo su látigo al que se interponga en su camino. Los trabajadores que vivimos bajo su tiranía, nos levantamos contra ella y no estamos dispuestos a que ejecuten sus maquinaciones. Ellos, compañeros, con sus criminales astucias coaccionan a nuestros hermanos intentando que nuestra trinchera, la Federación Obrera, se derrumbe.
Aunque el ayuntamiento de villa se constituye según Wikipedia en, 1812[2] (sospecho que el dato no es real y se refiere a 1822 o a 1833), poniendo fin al régimen señorial, de pequeño oí decir que el llamado “derecho de pernada” se mantuvo un siglo después, en la Restauración, e incluso durante la Dictadura de Primo de Rivera. Los huelguistas lo aluden:
“Los trabajadores de Hermigua defenderemos con nuestra sangre y vidas, compañeros, nuestros derechos ante esos señoritos que nos tratan a la patada, deshonraban a nuestras hijas y humillaban a nuestras mujeres. Si la canalla caciquil no cesa en su empeño de no dar trabajo a los compañeros que se hallan en el paro, la Federación Obrera irá a la huelga.
Porque desde hace meses, la mayoría de nuestros compañeros están en el paro, no por falta de trabajo sino por el «boicot» a todo obrero federado, como si fuera un delito. Nuestro deber es garantizar, por dignidad y humanidad, que nuestros compañeros no se mueran de hambre. Sus vidas, las de sus mujeres e hijos, valen tanto como las de nuestros opresores”.
Desde la proclamación de la República el 14 de abril de 1931, habían pasado poco menos de dos años y, por primera vez en la historia, los obreros de Hermigua, uno de los municipios canarios más concienciados en favor de la Niña Bonita junto con Vallehermoso, decidían lanzarse a la calle y convocar un día de paro en defensa de sus reivindicaciones.
El hecho era insólito. Frente al País Vasco o Cataluña donde el movimiento sindical tiene una fuerte tradición desde finales del siglo XIX y comienzos del XX ligado al desarrollo industrial, en las islas apenas había existido hasta la II República un movimiento obrero organizado. Hasta que de repente, en Hermigua, un pueblo aparentemente tranquilo y apacible, los jornaleros afiliados en su mayoría a Federación Obrera, desengañados porque pese a las esperanzas e ilusiones puestas en el nuevo régimen la clase dominante local sigue ostentando el poder y amenazándolos con quitarles el pan, deciden movilizarse y paralizar la vida cotidiana.
Aunque el asunto venía de mucho antes, todo empezó el 14 de marzo de 1933. Los trabajadores de esta villa, del Norte de la Gomera, en su mayoría afiliados a la Federación Obrera, un sindicato controlado mayoritariamente por el PSOE, lanzan el siguiente manifiesto:
“A Obreros y Campesinos. Al Pueblo en general. Camaradas y amigos:
“Acompañados de sentimientos de rabia y de dolor va esta protesta. Nuestro fervor por la República así nos lo dice. Nuestro pueblo se hunde más y más, bajo el peso de unos canallas embriagados en la ciénaga de corruptelas morales y políticas. Nos referimos, camaradas, al caciquismo tradicional, cuyos miembros como los caimanes siguen siendo los mismos aunque hayan cambiado de color. Son los enemigos emboscados de la República. Solo esperan el momento propicio para darle el zarpazo.
“Hoy se vengan en nosotros. Como trabajadores y representantes de la República aceptamos la batalla. En ella mediremos nuestras manos y veremos si esos señoritos, que se llaman agrarios, las tienen tan endurecidas por los callos como las nuestras. Callos, compañeros, que nos los hemos hecho, para que comieran esos que quieren darnos latigazos.
El manifiesto era el punto de partida para la convocatoria de una huelga general revolucionaria en un pueblo de apenas 39,67 kilómetros cuadrados (cien veces menor que las fincas de recreo de Mario Conde o Juan Abelló en Ciudad Real) con una población censada de 5.842. La huelga se celebraría el 22 de ese mes, hace ahora 80 años. El texto, escrito en el leguaje revolucionario de la época, añadía:
“Pues bien, camaradas, estos salteadores de nuestras conciencias e intereses, quieren continuar sacudiendo su látigo al que se interponga en su camino. Los trabajadores que vivimos bajo su tiranía, nos levantamos contra ella y no estamos dispuestos a que ejecuten sus maquinaciones. Ellos, compañeros, con sus criminales astucias coaccionan a nuestros hermanos intentando que nuestra trinchera, la Federación Obrera, se derrumbe.
Aunque el ayuntamiento de villa se constituye según Wikipedia en, 1812[2] (sospecho que el dato no es real y se refiere a 1822 o a 1833), poniendo fin al régimen señorial, de pequeño oí decir que el llamado “derecho de pernada” se mantuvo un siglo después, en la Restauración, e incluso durante la Dictadura de Primo de Rivera. Los huelguistas lo aluden:
“Los trabajadores de Hermigua defenderemos con nuestra sangre y vidas, compañeros, nuestros derechos ante esos señoritos que nos tratan a la patada, deshonraban a nuestras hijas y humillaban a nuestras mujeres. Si la canalla caciquil no cesa en su empeño de no dar trabajo a los compañeros que se hallan en el paro, la Federación Obrera irá a la huelga.
Porque desde hace meses, la mayoría de nuestros compañeros están en el paro, no por falta de trabajo sino por el «boicot» a todo obrero federado, como si fuera un delito. Nuestro deber es garantizar, por dignidad y humanidad, que nuestros compañeros no se mueran de hambre. Sus vidas, las de sus mujeres e hijos, valen tanto como las de nuestros opresores”.
Desde la proclamación de la República el 14 de abril de 1931, habían pasado poco menos de dos años y, por primera vez en la historia, los obreros de Hermigua, uno de los municipios canarios más concienciados en favor de la Niña Bonita junto con Vallehermoso, decidían lanzarse a la calle y convocar un día de paro en defensa de sus reivindicaciones.
El hecho era insólito. Frente al País Vasco o Cataluña donde el movimiento sindical tiene una fuerte tradición desde finales del siglo XIX y comienzos del XX ligado al desarrollo industrial, en las islas apenas había existido hasta la II República un movimiento obrero organizado. Hasta que de repente, en Hermigua, un pueblo aparentemente tranquilo y apacible, los jornaleros afiliados en su mayoría a Federación Obrera, desengañados porque pese a las esperanzas e ilusiones puestas en el nuevo régimen la clase dominante local sigue ostentando el poder y amenazándolos con quitarles el pan, deciden movilizarse y paralizar la vida cotidiana.
Algo que no debía haber extrañado a nadie: además de que los ayuntamientos y cabildos seguían controlados por los de siempre, desde el 14 de abril de 1931 las condiciones de vida habían empeorado, especialmente en las islas menores y las protestas empezaban a aflorar tímidamente.
La situación era tal que el 22 de agosto de 1933 el diario La Prensa, se hacía eco del asunto:
“Al hallarse paralizados los trabajos de la carretera, en Hermigua hay centenares de obreros parados. El campo yermo, la producción platanera por los suelos, el comercio cerrado, las aguas mermadas, los montes destrozados, la carretera, que sería la única solución frente a tanto mal, al hambre y a la miseria reinantes, paralizada. El Gobierno tiene que actuar”
Los patronos de la zona, en su mayoría gente de no demasiados recursos económicos ni detentadores de grandes fincas, en contra de lo que habitualmente se escribe, vivían casi exclusivamente del cultivo del plátano. Lo explotaban en régimen de medianería (ellos vivían como señoritos sin dar golpe mientras que los obreros realizaban los trabajos en sus plataneras y se repartían los beneficios), lo que permitía una especie de ancestral servidumbre y de sometimiento amo/criado más propia de la edad media que de los tiempos que corrían y que se heredaba de padres a hijos como una fatalidad congénita e insuperable. El que nacía campesino moría como tal sin poder dar estudios a sus hijos y el que había salido del útero materno como propietario de unas pocas hectáreas de terreno cultivable sabía que tenía la vida garantizada desde la cuna hasta la tumba.
Tampoco puede decirse, frente a los tópicos habituales, que patronos y obreros nadaban en la abundancia o vivían en la opulencia[3], o que los primeros eran ricos por naturaleza y los segundos habían nacido para ser esclavos perpetuos y pasar esa condición casi genética a sus descendientes. Vistas con la perspectiva de la distancia y del tiempo, las cosas no eran así. Las penalidades, con harta frecuencia, afectaban a todo el mundo. Aunque bien es cierto que a unos más que a otros.
Hermigua representaba entonces el ejemplo de la lucha titánica del campesino con la tierra árida, agreste, yerma y la mayoría de las veces seca por falta de agua. El trabajo se realizaba en las condiciones más difíciles que el ser humano pueda imaginarse. El minifundismo, el monocultivo, el régimen de explotación agraria en régimen de aparcería, la mala calidad del suelo y la estructura de las plantaciones en forma escalonada a lo largo de las laderas imposibilitaba el empleo de maquinaria agrícola para hacer más llevaderas las penalidades del agricultor.
A todo ello había que añadir la dependencia del agua del cielo para regar las plantaciones y lograr buenas cosechas (debido a la falta de embalses) y de la del mar para poder exportar la producción en condiciones normales desde el desaparecido pescante de Hermigua (donde las aguas estaban casi siempre embravecidas) ante la falta de refugios y puertos seguros.
Si la miseria y la hambruna de los pueblos pueden medirse, en el campo económico, por la sobreexplotación del suelo y los escasos rendimientos de las cosechas, Hermigua era en 1933 el más claro ejemplo de ello. No sólo las medianías sino las zonas más elevadas de la villa habían sido desbrozadas de matorrales y malas yerbas y estaban plantadas de patatas, hortalizas y plataneras. Hasta el último centímetro cuadrado de tierra que pudiera cultivarse estaba explotado. De modo y manera que subiendo a las alturas de El Sabinal, El Cheje, Iboalfaro, La Palmita, El Corralete, La Laja, Los Aceviños o El Estanquillo a por papas o millo uno no podía saber si se encontraba en Canarias, en el Machu Pichu o en el Himalaya de no ser por la presencia del mar siempre en la lejanía.
Estaba claro que, de haber nacido en la isla, Adam Smith, el teórico de la revolución industrial, no hubiera escrito jamás La Riqueza de las Naciones. Otro de sus contemporáneos, Thomas R. Malthus, en cambio, hubiera encontrado terreno abonado para escribir su celebre y controvertida obra An Essay on the Principle of Population, donde habla de que los cada vez más escasos del planeta iban a ser insuficientes para alimentar una población que se incrementaba exponencialmente.
Porque Hermigua es el paradigma clásico de las teorías malthusianas, a las que tantos historiadores de la economía siguen echando mano para apoyar sus tesis: recursos económicos (bienes y servicios) limitados y un incremento de la natalidad (con una tasa de 3.6 hijos por mujer), que se dedicaba a lanzar oleadas de jóvenes y mayores a la emigración (a Cuba, a Venezuela y a Tenerife) como única forma de subsistencia y de encontrar la felicidad, la meta básica de todo ser humano al margen de apetencias políticas, sociales, culturales, económicas, según proclamaron los padres de la Constitución USA en 1787 y se reconoce en todos los países civilizados. Pese a todo, la República trajo a España, y en especial a Canarias, cosas buenas pero otras muchas extremadamente malas. Por primera vez desde el periodo de la Restauración, el reinado de Alfonso XIII y la Dictadura de Primo de Rivera, se recobraron las libertades básicas (de expresión, de asociación, manifestación) y una Constitución protegió y amparó todos estos derechos.
En Tenerife, los empresarios y las clases acomodadas se afiliaron al Partido Republicano Tinerfeño y más tarde fueron derivando hacia Acción Popular Agraria, Partido Radical, Asociación Patronal Agrícola y otros. Los obreros militaron inicialmente en el PSOE (el PCE se funda en las islas en torno a 1920 con Juan Pedro Ascanio a la cabeza) y en la Federación Agraria, un sindicato donde militan anarquistas, socialistas y comunistas.
Pero la Republica trajo la libertad pero no la prosperidad y, mucho menos, la felicidad, salvo para unos pocos. Por eso, en Hermigua, la mayoría de los medianeros y obreros se afiliaron enseguida a la Federación Agraria desde la que pretendían acabar con el régimen semi-feudal en que se desarrollaban sus condiciones de trabajo.
Pero, enseguida, se toparon con los patronos dispuestos a cegarles el camino, a hacer que las conquistas sociales que le otorgaba la Constitución se quedaran en papel mojado. Y aunque todos ellos, obreros, medianeros y patronos, defendían los mismos intereses se cruzó de por medio la política. Y ocurrió lo que muchas veces suele pasar. Algunos empresarios del sector platanero optaron por quedarse tuertos, si era preciso, si con ello dejaban ciegos a sus contrincantes e impedían que conquistaran sus derechos.
LA NEGATIVA DE LOS CACIQUES LOCALES A IMPEDIR QUE LOS OBREROS SINDICADOS TRABAJARAN EN UNA CARRETERA, DONDE NO SE JUGABAN SU DINERO YA QUE LA OBRA ERA PÚBLICA, ORIGEN DEL CONFLICTO
El detonante de los sucesos de Hermigua de 1933 fue la construcción de una carretera que debía unir el pueblo con la capital, San Sebastián. Era la única obra pública de envergadura que la Republica, con sus escasos recursos, no había paralizado pero que se realizaba a trancas y barrancas, con paros intermitentes muchas veces de meses, hasta el punto de que no se concluyó hasta 1944, cinco años después de acabada la Guerra Civil.
La obra formaba parte del Plan Nacional de Infraestructuras y del Circuito Nacional de Firmes Especiales del dictador Miguel Primo de Rivera quien modernizo por primera vez la red de caminos españoles, que no se habían tocado prácticamente desde la etapa de las calzadas romanas. En el caso de La Gomera trataba de rodear la isla mediante un anillo circular, uniendo la capital, San Sebastián, con el norte de la isla, pasando por los pueblos de Hermigua, Agulo, Vallehermoso y Valle Gran Rey.
La construcción de la calzada, como acabamos de decir, era de interés general y beneficiaba tanto a patronos como a obreros. A los primeros porque les permitía trasladar sus plátanos a la rada de San Sebastián, el único punto de la isla donde se podía fondear un barco con ciertas garantías, para enviarlos al extranjero. A los obreros, porque además de la maltrecha agricultura, la obra constituía la única forma de sustento para ellos, sus mujeres e hijos. Paralizarla o boicotear su construcción, era un acto criminal. Suponía condenar al hambre y a la emigración a muchos y permitir que el mal tiempo de la mar impidiera la exportación de las cosechas.
Pese a sus intereses comunes, patronos (dueños de explotaciones agrícolas, fundamentalmente) y obreros no se pusieron de acuerdo sobre su marcha. Acostumbrados a mandar y a que siempre, desde tiempos inmemoriales, se hiciera su santa voluntad sin rechistar, los pequeños “caciques” locales (en Canarias se da un peso excesivo a la palabra cacique, que en realidad no tiene) se negaron a dar trabajo a los obreros pertenecientes a la Federación Obrera, que eran la inmensa mayoría, alrededor de unas 500 personas entre jornaleros y medianeros.
Y ahí arrancó el conflicto allá por el año 1922. Amparados en la Constitución y en los derechos sindicales que esta les reconocía, los dirigentes de la Federación Obrera acudieron a Santa Cruz de Tenerife con sus quejas. Allí fueron recibidos por algunos de los 13 gobernadores civiles que hubo en la provincia (Rafael Rubio Carrión, de Acción Republicana en este caso) durante la II República, quien ordenó que las obras no se paralizaran y que se diera trabajo a todos los obreros que lo pidieran, en turnos rotatorios de 100 personas, toda vez que no había empleo para los 500.
Aunque no arriesgaban nada en el proyecto ya que el dinero invertido era publico, los ostentadores de la tierra y de los cultivos, se negaron a obedecer las órdenes de la primera autoridad civil de la provincia y, por ende, de la República. De modo y manera, que los responsables de la Federación Obrera acudieron de nuevo a pedir el apoyo del representante del Gobierno. Les recibió el nuevo Gobernador Civil Vidal Gil Tirado quien ratificó la decisión de su antecesor: el derecho al trabajo no se le podía negar a nadie.
En el acto ordenó mediante oficio y telegrama al capataz de la obra, un individuo al servicio de los dueños de la tierra, que admitiera a 100 obreros pertenecientes a la Federación los días 19 y 20 de marzo de 1933. Pero, tal y como estaba el ambiente de caldeado, debió haber hecho otra cosa: enviar además a una docena de Guardia Civiles, desde Santa Cruz de Tenerife, con órdenes tajantes de que se cumplieran a rajatabla sus órdenes.
Pero no lo hizo y eso desencadenó la tragedia. Cuando los 100 afiliados a Federación Obrera acudieron a las obras de la carretera a que les dieran el trabajo, no sólo no fueron admitidos sino que se les despidió con bromas de mal gusto y algunos de sus antiguos patronos a su paso por la carretera de Hermigua de vuelta a sus casas se les rieron en la cara.
Fue una afrenta innecesaria y estúpida. Esa tarde la Federación Obrera decidió hacer frente al hambre y a la miseria en que vivían sus mujeres y sus hijos convocando una huelga general, como se relató al principio.
Y fue así como, espoleados por varios dirigentes socialistas de Tenerife entre ellos el diputado Emiliano Díaz Castro, al que se le abrirían dos causas militares por ello, el 22 de marzo de 1933 se echaron a la calle un centenar de obreros decididos a paralizar todas las obras, a cerrar los comercios, cortar el riego, la luz eléctrica y a imponer la huelga general.
¿Qué hacer ante una protesta sindical, convocada legalmente? El comandante del puesto de la Guardia Civil del pueblo, el cabo Antonio Fuentes, contaba con dos agentes para contener a la masa enardecida y evitar que se cometieran desmanes. Los guardias estaban armados con viejos Mauser de la guerra del Rif y disponían de una dotación de diez cartuchos.
La situación era tal que el 22 de agosto de 1933 el diario La Prensa, se hacía eco del asunto:
“Al hallarse paralizados los trabajos de la carretera, en Hermigua hay centenares de obreros parados. El campo yermo, la producción platanera por los suelos, el comercio cerrado, las aguas mermadas, los montes destrozados, la carretera, que sería la única solución frente a tanto mal, al hambre y a la miseria reinantes, paralizada. El Gobierno tiene que actuar”
Los patronos de la zona, en su mayoría gente de no demasiados recursos económicos ni detentadores de grandes fincas, en contra de lo que habitualmente se escribe, vivían casi exclusivamente del cultivo del plátano. Lo explotaban en régimen de medianería (ellos vivían como señoritos sin dar golpe mientras que los obreros realizaban los trabajos en sus plataneras y se repartían los beneficios), lo que permitía una especie de ancestral servidumbre y de sometimiento amo/criado más propia de la edad media que de los tiempos que corrían y que se heredaba de padres a hijos como una fatalidad congénita e insuperable. El que nacía campesino moría como tal sin poder dar estudios a sus hijos y el que había salido del útero materno como propietario de unas pocas hectáreas de terreno cultivable sabía que tenía la vida garantizada desde la cuna hasta la tumba.
Tampoco puede decirse, frente a los tópicos habituales, que patronos y obreros nadaban en la abundancia o vivían en la opulencia[3], o que los primeros eran ricos por naturaleza y los segundos habían nacido para ser esclavos perpetuos y pasar esa condición casi genética a sus descendientes. Vistas con la perspectiva de la distancia y del tiempo, las cosas no eran así. Las penalidades, con harta frecuencia, afectaban a todo el mundo. Aunque bien es cierto que a unos más que a otros.
Hermigua representaba entonces el ejemplo de la lucha titánica del campesino con la tierra árida, agreste, yerma y la mayoría de las veces seca por falta de agua. El trabajo se realizaba en las condiciones más difíciles que el ser humano pueda imaginarse. El minifundismo, el monocultivo, el régimen de explotación agraria en régimen de aparcería, la mala calidad del suelo y la estructura de las plantaciones en forma escalonada a lo largo de las laderas imposibilitaba el empleo de maquinaria agrícola para hacer más llevaderas las penalidades del agricultor.
A todo ello había que añadir la dependencia del agua del cielo para regar las plantaciones y lograr buenas cosechas (debido a la falta de embalses) y de la del mar para poder exportar la producción en condiciones normales desde el desaparecido pescante de Hermigua (donde las aguas estaban casi siempre embravecidas) ante la falta de refugios y puertos seguros.
Si la miseria y la hambruna de los pueblos pueden medirse, en el campo económico, por la sobreexplotación del suelo y los escasos rendimientos de las cosechas, Hermigua era en 1933 el más claro ejemplo de ello. No sólo las medianías sino las zonas más elevadas de la villa habían sido desbrozadas de matorrales y malas yerbas y estaban plantadas de patatas, hortalizas y plataneras. Hasta el último centímetro cuadrado de tierra que pudiera cultivarse estaba explotado. De modo y manera que subiendo a las alturas de El Sabinal, El Cheje, Iboalfaro, La Palmita, El Corralete, La Laja, Los Aceviños o El Estanquillo a por papas o millo uno no podía saber si se encontraba en Canarias, en el Machu Pichu o en el Himalaya de no ser por la presencia del mar siempre en la lejanía.
Estaba claro que, de haber nacido en la isla, Adam Smith, el teórico de la revolución industrial, no hubiera escrito jamás La Riqueza de las Naciones. Otro de sus contemporáneos, Thomas R. Malthus, en cambio, hubiera encontrado terreno abonado para escribir su celebre y controvertida obra An Essay on the Principle of Population, donde habla de que los cada vez más escasos del planeta iban a ser insuficientes para alimentar una población que se incrementaba exponencialmente.
Porque Hermigua es el paradigma clásico de las teorías malthusianas, a las que tantos historiadores de la economía siguen echando mano para apoyar sus tesis: recursos económicos (bienes y servicios) limitados y un incremento de la natalidad (con una tasa de 3.6 hijos por mujer), que se dedicaba a lanzar oleadas de jóvenes y mayores a la emigración (a Cuba, a Venezuela y a Tenerife) como única forma de subsistencia y de encontrar la felicidad, la meta básica de todo ser humano al margen de apetencias políticas, sociales, culturales, económicas, según proclamaron los padres de la Constitución USA en 1787 y se reconoce en todos los países civilizados. Pese a todo, la República trajo a España, y en especial a Canarias, cosas buenas pero otras muchas extremadamente malas. Por primera vez desde el periodo de la Restauración, el reinado de Alfonso XIII y la Dictadura de Primo de Rivera, se recobraron las libertades básicas (de expresión, de asociación, manifestación) y una Constitución protegió y amparó todos estos derechos.
En Tenerife, los empresarios y las clases acomodadas se afiliaron al Partido Republicano Tinerfeño y más tarde fueron derivando hacia Acción Popular Agraria, Partido Radical, Asociación Patronal Agrícola y otros. Los obreros militaron inicialmente en el PSOE (el PCE se funda en las islas en torno a 1920 con Juan Pedro Ascanio a la cabeza) y en la Federación Agraria, un sindicato donde militan anarquistas, socialistas y comunistas.
Pero la Republica trajo la libertad pero no la prosperidad y, mucho menos, la felicidad, salvo para unos pocos. Por eso, en Hermigua, la mayoría de los medianeros y obreros se afiliaron enseguida a la Federación Agraria desde la que pretendían acabar con el régimen semi-feudal en que se desarrollaban sus condiciones de trabajo.
Pero, enseguida, se toparon con los patronos dispuestos a cegarles el camino, a hacer que las conquistas sociales que le otorgaba la Constitución se quedaran en papel mojado. Y aunque todos ellos, obreros, medianeros y patronos, defendían los mismos intereses se cruzó de por medio la política. Y ocurrió lo que muchas veces suele pasar. Algunos empresarios del sector platanero optaron por quedarse tuertos, si era preciso, si con ello dejaban ciegos a sus contrincantes e impedían que conquistaran sus derechos.
LA NEGATIVA DE LOS CACIQUES LOCALES A IMPEDIR QUE LOS OBREROS SINDICADOS TRABAJARAN EN UNA CARRETERA, DONDE NO SE JUGABAN SU DINERO YA QUE LA OBRA ERA PÚBLICA, ORIGEN DEL CONFLICTO
El detonante de los sucesos de Hermigua de 1933 fue la construcción de una carretera que debía unir el pueblo con la capital, San Sebastián. Era la única obra pública de envergadura que la Republica, con sus escasos recursos, no había paralizado pero que se realizaba a trancas y barrancas, con paros intermitentes muchas veces de meses, hasta el punto de que no se concluyó hasta 1944, cinco años después de acabada la Guerra Civil.
La obra formaba parte del Plan Nacional de Infraestructuras y del Circuito Nacional de Firmes Especiales del dictador Miguel Primo de Rivera quien modernizo por primera vez la red de caminos españoles, que no se habían tocado prácticamente desde la etapa de las calzadas romanas. En el caso de La Gomera trataba de rodear la isla mediante un anillo circular, uniendo la capital, San Sebastián, con el norte de la isla, pasando por los pueblos de Hermigua, Agulo, Vallehermoso y Valle Gran Rey.
La construcción de la calzada, como acabamos de decir, era de interés general y beneficiaba tanto a patronos como a obreros. A los primeros porque les permitía trasladar sus plátanos a la rada de San Sebastián, el único punto de la isla donde se podía fondear un barco con ciertas garantías, para enviarlos al extranjero. A los obreros, porque además de la maltrecha agricultura, la obra constituía la única forma de sustento para ellos, sus mujeres e hijos. Paralizarla o boicotear su construcción, era un acto criminal. Suponía condenar al hambre y a la emigración a muchos y permitir que el mal tiempo de la mar impidiera la exportación de las cosechas.
Pese a sus intereses comunes, patronos (dueños de explotaciones agrícolas, fundamentalmente) y obreros no se pusieron de acuerdo sobre su marcha. Acostumbrados a mandar y a que siempre, desde tiempos inmemoriales, se hiciera su santa voluntad sin rechistar, los pequeños “caciques” locales (en Canarias se da un peso excesivo a la palabra cacique, que en realidad no tiene) se negaron a dar trabajo a los obreros pertenecientes a la Federación Obrera, que eran la inmensa mayoría, alrededor de unas 500 personas entre jornaleros y medianeros.
Y ahí arrancó el conflicto allá por el año 1922. Amparados en la Constitución y en los derechos sindicales que esta les reconocía, los dirigentes de la Federación Obrera acudieron a Santa Cruz de Tenerife con sus quejas. Allí fueron recibidos por algunos de los 13 gobernadores civiles que hubo en la provincia (Rafael Rubio Carrión, de Acción Republicana en este caso) durante la II República, quien ordenó que las obras no se paralizaran y que se diera trabajo a todos los obreros que lo pidieran, en turnos rotatorios de 100 personas, toda vez que no había empleo para los 500.
Aunque no arriesgaban nada en el proyecto ya que el dinero invertido era publico, los ostentadores de la tierra y de los cultivos, se negaron a obedecer las órdenes de la primera autoridad civil de la provincia y, por ende, de la República. De modo y manera, que los responsables de la Federación Obrera acudieron de nuevo a pedir el apoyo del representante del Gobierno. Les recibió el nuevo Gobernador Civil Vidal Gil Tirado quien ratificó la decisión de su antecesor: el derecho al trabajo no se le podía negar a nadie.
En el acto ordenó mediante oficio y telegrama al capataz de la obra, un individuo al servicio de los dueños de la tierra, que admitiera a 100 obreros pertenecientes a la Federación los días 19 y 20 de marzo de 1933. Pero, tal y como estaba el ambiente de caldeado, debió haber hecho otra cosa: enviar además a una docena de Guardia Civiles, desde Santa Cruz de Tenerife, con órdenes tajantes de que se cumplieran a rajatabla sus órdenes.
Pero no lo hizo y eso desencadenó la tragedia. Cuando los 100 afiliados a Federación Obrera acudieron a las obras de la carretera a que les dieran el trabajo, no sólo no fueron admitidos sino que se les despidió con bromas de mal gusto y algunos de sus antiguos patronos a su paso por la carretera de Hermigua de vuelta a sus casas se les rieron en la cara.
Fue una afrenta innecesaria y estúpida. Esa tarde la Federación Obrera decidió hacer frente al hambre y a la miseria en que vivían sus mujeres y sus hijos convocando una huelga general, como se relató al principio.
Y fue así como, espoleados por varios dirigentes socialistas de Tenerife entre ellos el diputado Emiliano Díaz Castro, al que se le abrirían dos causas militares por ello, el 22 de marzo de 1933 se echaron a la calle un centenar de obreros decididos a paralizar todas las obras, a cerrar los comercios, cortar el riego, la luz eléctrica y a imponer la huelga general.
¿Qué hacer ante una protesta sindical, convocada legalmente? El comandante del puesto de la Guardia Civil del pueblo, el cabo Antonio Fuentes, contaba con dos agentes para contener a la masa enardecida y evitar que se cometieran desmanes. Los guardias estaban armados con viejos Mauser de la guerra del Rif y disponían de una dotación de diez cartuchos.
Obviamente, con aquellos medios y sin material antidisturbios que entonces no existía no se podía contener a una muchedumbre y mucho menos impedir de causaran cualquier tipo de desmán, que no ocurrieron. La solución lógica hubiera sido llamar a la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife y pedir refuerzos, tal y como se señalaba en las ordenanzas de la Benemérita. Pero el cabo Fuentes optó por prohibir la huelga, y hacer prevalecer su autoridad, pensando que bastaba salir a la calle con su uniforme verde y su tricornio para que los huelguistas depusieran su actitud.
Los sucesos de Castilblanco, Arnedo y Casas Viejas donde la fuerza publica se vio desbordada por las masas, casi siempre obreras y campesinas, teniendo que disparar y causar numerosas muertes a la vez que ellos mismos sufrían sus propias bajas, no le echó para atrás sin o todo lo contario. La divisa del cuerpo “Todo por la patria”, justificaba este tipo de actitudes no siempre correctas ni ajustadas a Derecho.
Y eso que aquellos sucesos habían tenido repercusión internacional y habían cuestionado la eficacia de la república en sus primeros meses. En Castilblanco (Badajoz), La Guardia Civil mató a un jornalero durante una manifestación y los obreros asesinaron a cuatro agentes el 31 de diciembre de 1931. El Arnedo (Logroño), una marcha obrera es disuelta a tiros por un oficial que sigue órdenes del general José Sanjurjo matando e hiriendo a decenas de obreros. Ocurrió el 5 de enero de 1932. En Casas Viejas (10 y 11 de enero de 1933), un grupo de obreros que quieren proclamar el comunismo libertario, matan a dos Guardia Civiles. La Benemérita responde rodeando las chozas donde están los obreros, las incendian y “fusilan” a los supervivientes con “tiros a la barriga”, tal y como ordenó el presidente de la República Manuel Azaña a la fuerza actuante[6].
Para garantizarse el apoyo de una parte de la población, los que habían ostentado el poder desde antes de 1822, la fecha en que desaparece oficialmente había desaparecido el “régimen señorial” el día anterior a los hechos, el cabo Antonio Fuentes se reunió con los jefes de los partidos de derecha y les pidió ayuda.
--Lo único que les pido es que, si mientras estamos de patrulla en una parte del pueblo, los huelguistas asaltan o queman el cuartel nos den cobijo a nosotros, a nuestras mujeres e hijos – les pidió.
El seguimiento masivo de la huelga, al día siguiente, le causó un tremendo desasosiego. Desbordado por los hechos, a media mañana, decide trasladarse al cercano municipio de Agulo, distante unos 5 kilómetros, a traerse con él a los guardias del pueblo para reforzar la guarnición de la villa.
Para mayor escarnio de los huelguistas lo hace de manera chulesca, utilizando uno de los camiones que trabajaban en la obra de la carretera, llevando como conductor al capataz que les negaba el trabajo y el pan, y pasando a toda velocidad entre la multitud que se manifestaba por la zona de La Castellana, cerca de la playa, con riesgo evidente de atropellar a los que intentaron detener su avance.
La actitud del cabo Fuentes acabó de exaltar los ánimos en aquella calurosa e inquietante mañana. Y hasta los más templados decidieron entonces que nadie iba a pisotear su derecho de huelga. Para lo cual optaron por cortar la carretera colocando una barricada a la altura de El Palmarejo con el fin de dividir a la fuerza actuante en dos.
Pero no fue eso lo que ocurrió. De vuelta al cuartel del Valle Alto, sobre las dos de la tarde, con dos agentes de refuerzo, al encontrarse con la carretera cortada, el cabo Antonio Fuentes bajó del vehículo y, pistola en mano, les ordeno a los huelguistas que despejaran la vía.
LA MUERTE DE UN JORNALERO POR UN DISPARO DE LA GUARDIA CIVIL EXASPERÓ LOS ÁNIMOS. LA MUCHEDUMBRE ENAREDECIDA DESARMÓ A LOS AGENTES Y LOS ARROJÓ POR UN BARRANCO
La respuesta del centenar de concentrados, entre los que se encontraban varias mujeres en primera fila, fue que no iban a hacerlo ya que quien se había colocado fuera de la Ley era la Guardia Civil y no la Federación Obrera. La actitud de los manifestantes de no obedecer “las órdenes de la autoridad” acabó sacando de quicio al cabo que no podía tolerar que algunas mujeres comenzaran a golpear el camión y a lanzarle piedras.
Ante esta actitud, inmediatamente ordenó a los guardias que le acompañaban que echaran pie a tierra, que montaran sus armas y se colocaran en situación de prevengan por si era necesario hacer fuego.
Lo que pasó a continuación no está demasiado claro. Casi todas las versiones coinciden, sin embargo, en que al verse rodeado por los huelguistas y sin posibilidad de escapatoria el cabo dispara su pistola y ordena a los otros guardias abrir fuego a su vez.
Los manifestantes, que ya casi los tienen rodeados, se abalanzan entonces sobre ellos y tratan de desarmarlos. Pero en la refriega uno de los guardias logra disparar su Mauser y mata a uno de los huelguistas, el obrero Antonio Brito Brito y hiere a otros dos. Con los ánimos exaltados y ya sin control alguno de sus actos los manifestantes acaban obligando a los agentes a lanzarse al vacío desde el borde de la carretera e incluso les empujan. En el acto mueren el cabo Antonio Fuentes y el guardia José Cano sobreviviendo muy malherido el tercer agente, José Garrote, al hacerse “el muerto” e impedir que la muchedumbre siguiera golpeándolo.
El Gobierno que hasta entonces había mantenido una actitud confusa, temerosa y pusilánime, a la vista de los acontecimientos, decide actuar.
Siguiendo ordenes del presidente de la República, Manuel Azaña y del ministro de la Gobernación, Santiago Casares Quiroga, el Gobernador Civil de Santa Cruz de Tenerife, Gil Tirado, envía a Hermigua a una sección de la Guardia Civil mandada por el teniente coronel teniente coronel Juan Vara Terán, Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia.
Nada más desembarcar del vapor Viera y Clavijo los agentes comienzan a practicar detenciones e interrogatorios, utilizando los testimonios de las viudas de los propios agentes muertos y de muchos propietarios de fincas, que se convirtieron en acusadores. De esta manera, la Federación Obrera quedó desmantelada y sus cuadros son detenidos en espera de juicio instruido bajo la jurisdicción castrense, al tener los agentes muertos el status de policía rural adscrita al Ejército, con doble dependencia del ministerio de la Gobernación y del ministro de la Guerra, cargo que se había reservado para si el presidente de la República Manuel Azaña. También son investigados medio centenar de vecinos del pueblo por unirse a la protesta. Durante los meses que siguieron y bajo las instrucciones del comandante general de Canarias, general Enrique Salcedo Molinuevo, se instruye la causa 10/1933 por el delito de agresión a fuerza armada con resultado de muerte en la que están incursos todos los encarcelados (27 detenidos inicialmente y otros diez más adelante) y se practican las pruebas testifícales, periciales y forenses pertinentes al caso.
El juicio se celebra en el desaparecido Cuartel de San Carlos en junio de 1934, con la CEDA y los radicales de Alejandro Lerroux en el poder y las izquierdas fuera del ejecutivo. Preside el Tribunal Militar el teniente coronel de Infantería José Gómez Rumeu. Treinta y siete jornaleros, entre ellos cinco mujeres, algunos de los cuales no saben leer ni escribir, se sientan en el banquillo de los acusados.
Pese a estar en la oposición, el PSOE está decidido a defender a los trabajadores de la Federación Obrera de Hermigua con uñas y dientes y manda a Santa Cruz de Tenerife a dos de sus pesos pesados. Los enviados como abogados defensores fueron Juan-Simeón Vidarte, vicesecretario general del PSOE y hombre de confianza de Indalecio Prieto, diputado por Badajoz y ex secretario general del Congreso de los Diputados y el prestigioso penalista, catedrático de la Universidad Central de Madrid, Luis Jiménez de Asúa, diputado y presidente de la comisión parlamentaria que elaboró la Constitución de 1931, autor de un Tratado de Derecho Penal (siete tomos), considerado una de las mayores aportaciones al derecho criminal.
Los dos habían intervenido meses antes como letrados en los sucesos de Casas Viejas y en otros asuntos parecidos y tenían amplia experiencia en la materia. Les auxiliaban, siete abogados tinerfeños, entre ellos, Luis Rodríguez de la Sierra Figueroa, comunista, que sería diputado a Cortes en 1936, y José Carlos Schwartz Hernández, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, los dos fusilados nada más empezar la Guerra Civil.
Por su parte el ministerio público había puesto también toda la carne en el asador. El fiscal que llevaría el caso desde principio a fin era Lorenzo Martínez Fuset, un jurídico militar y notario nacido en Baeza y destinado por entonces en Canarias, donde más tarde compaginaría su cargo de Fiscal Militar con el de jefe de seguridad de Carmen Polo de Franco y de su hija, Carmencita. Nombrado Jefe de la Auditoria de Guerra en el cuartel de los sublevados, meses más tarde, los propios servidores del régimen le consideraban un tipo duro, que solía extralimitarse en sus funciones, y pedir demasiadas penas de muerte.
Conociendo al personaje, no resulta extraño que durante la vista oral por los sucesos de Hermigua Martínez Fuset comenzara pidiendo 20 penas de muerte para los acusados y otras tantas de reclusión mayor para otros reos. Sin embargo, muchas de sus acusaciones fueron refutadas por infundadas y contradictorias por los letrados Juan-Simeón Vidarte y Jiménez Asúa. Vidarte, por ejemplo, echó la culpa de los incidentes al caciquismo local:
“Los fascistas de Hermigua estaban de enhorabuena. Con burlas y bromas insolentes vieron regresar del tajo al centenar de obreros al que reiteradamente se habían negado a recibir el contratista. Frente a aquel escarnio los trabajadores se rebelaron y el paro fue absoluto en el pueblo”.
Jiménez Asúa, por su parte, resalta la pésima actuación de la Benemérita:
"Fue entonces cuando el comandante del puesto, inopinadamente, se echó hacia atrás, dio las voces de 'carguen' y de 'fuego' y disparó su pistola contra la multitud... Cuando los números iban a hacerlo y los grupos los rodearon para salvar su vida. La muchedumbre, exaltada y contagiada por el furor de los agentes, al querer quitarles las armas al cabo y al guardia Garrote, los arrojan por el barranco".
Así y todo, acabado el plenario, el 9 de julio de 1934 se hace publica la sentencia: cinco de los imputados [Leoncio Fagundo Hernández, Francisco Martín Negrín, Avelino Navarro Méndez, Manuel Avelino Perdomo Plasencia y Vicente Valladolid Mesa] son condenados a la pena de muerte y once más a penas de prisión que oscilan entre los 20 y los 2 años. Otros diecisiete, entre ellos una mujer, resultaron absueltos.
Los acontecimientos de Hermigua tuvieron, sin embargo, su lado positivo para el movimiento obrero de la isla. En las elecciones generales de finales de 1993, uno de sus representantes, Fernando Ascanio Armas, se presenta como candidato del Frente Obrero y Campesino, sustituyendo al orotavense Lucio Illada. Y obtiene la mayoría en Hermigua, Vallehermoso y algunos pueblos de la isla de La Palma. Pero no llega a pisar el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.
La contrapartida fue la unificación y el crecimiento de las derechas en el municipio, que pasan ya a enfrentarse abiertamente al bloque de izquierdas hasta convertirse en dos grupos irreconciliables y antagónicos durante la Guerra Civil y la postguerra. El promotor e “ideólogo” de este bloque fue el guardia civil, José Garrote de Pedro, herido en los sucesos de meses antes y que había salido con vida, como hemos dicho, al “hacerse el muerto”. Nombrado comandante de la Benemérita del puesto de Hermigua aprovechó su “autoridad” para potenciar las candidaturas de derecha y, en especial, a la Falange, que bajo el mando de Antonio Fragoso y otros logró un fulgurante desarrollo.
De modo y manera que cuando el 18 de julio de 1936 se desencadena la Guerra Civil se presentan como voluntarios para acudir al frente nada menos que 56 supuestos seguidores de José Antonio Primo de Rivera o que se declaran a si mismos fascistas, radicales, católicos o apolíticos.
Como es habitual en todas las revoluciones y contiendas, muchos eran antiguos socialistas y afiliados de UGT que cambian de bando sobre la marcha y otros, monárquicos o independientes. La mayoría pide ir al frente, a primera línea, y acaban en la batalla de Brunete, mientras los “señoritos” del pueblo se quedan en Tenerife en labores de “saca”, vigilando las cárceles de Fiffes o dando “paseos” a sus vecinos 17 de los cuales, incluidos los condenados a muerte, y otros como el maestro Enrique Biscarria, que no figuraba en la causa, fueron ejecutados o desaparecieron.
AL INICIARSE LA GUERRA CIVIL, 17 AFILIADOS AL SINDICATO OBRERO SE HACEN FALANGISTAS. A ALGUNOS DE ELLOS SE ATRIBUYEN LOS “PASEOS” DE SUS COMPAÑEROS
Los sucesos de Hermigua constituyeron, no obstante, un elemento de referencia de las izquierdas para organizar la huelga general de octubre de 1934, especialmente en Asturias, Vizcaya y Cataluña con la que las izquierdas pretendían el asalto al “palacio de invierno”.
Los sucesos de Castilblanco, Arnedo y Casas Viejas donde la fuerza publica se vio desbordada por las masas, casi siempre obreras y campesinas, teniendo que disparar y causar numerosas muertes a la vez que ellos mismos sufrían sus propias bajas, no le echó para atrás sin o todo lo contario. La divisa del cuerpo “Todo por la patria”, justificaba este tipo de actitudes no siempre correctas ni ajustadas a Derecho.
Y eso que aquellos sucesos habían tenido repercusión internacional y habían cuestionado la eficacia de la república en sus primeros meses. En Castilblanco (Badajoz), La Guardia Civil mató a un jornalero durante una manifestación y los obreros asesinaron a cuatro agentes el 31 de diciembre de 1931. El Arnedo (Logroño), una marcha obrera es disuelta a tiros por un oficial que sigue órdenes del general José Sanjurjo matando e hiriendo a decenas de obreros. Ocurrió el 5 de enero de 1932. En Casas Viejas (10 y 11 de enero de 1933), un grupo de obreros que quieren proclamar el comunismo libertario, matan a dos Guardia Civiles. La Benemérita responde rodeando las chozas donde están los obreros, las incendian y “fusilan” a los supervivientes con “tiros a la barriga”, tal y como ordenó el presidente de la República Manuel Azaña a la fuerza actuante[6].
Para garantizarse el apoyo de una parte de la población, los que habían ostentado el poder desde antes de 1822, la fecha en que desaparece oficialmente había desaparecido el “régimen señorial” el día anterior a los hechos, el cabo Antonio Fuentes se reunió con los jefes de los partidos de derecha y les pidió ayuda.
--Lo único que les pido es que, si mientras estamos de patrulla en una parte del pueblo, los huelguistas asaltan o queman el cuartel nos den cobijo a nosotros, a nuestras mujeres e hijos – les pidió.
El seguimiento masivo de la huelga, al día siguiente, le causó un tremendo desasosiego. Desbordado por los hechos, a media mañana, decide trasladarse al cercano municipio de Agulo, distante unos 5 kilómetros, a traerse con él a los guardias del pueblo para reforzar la guarnición de la villa.
Para mayor escarnio de los huelguistas lo hace de manera chulesca, utilizando uno de los camiones que trabajaban en la obra de la carretera, llevando como conductor al capataz que les negaba el trabajo y el pan, y pasando a toda velocidad entre la multitud que se manifestaba por la zona de La Castellana, cerca de la playa, con riesgo evidente de atropellar a los que intentaron detener su avance.
La actitud del cabo Fuentes acabó de exaltar los ánimos en aquella calurosa e inquietante mañana. Y hasta los más templados decidieron entonces que nadie iba a pisotear su derecho de huelga. Para lo cual optaron por cortar la carretera colocando una barricada a la altura de El Palmarejo con el fin de dividir a la fuerza actuante en dos.
Pero no fue eso lo que ocurrió. De vuelta al cuartel del Valle Alto, sobre las dos de la tarde, con dos agentes de refuerzo, al encontrarse con la carretera cortada, el cabo Antonio Fuentes bajó del vehículo y, pistola en mano, les ordeno a los huelguistas que despejaran la vía.
LA MUERTE DE UN JORNALERO POR UN DISPARO DE LA GUARDIA CIVIL EXASPERÓ LOS ÁNIMOS. LA MUCHEDUMBRE ENAREDECIDA DESARMÓ A LOS AGENTES Y LOS ARROJÓ POR UN BARRANCO
La respuesta del centenar de concentrados, entre los que se encontraban varias mujeres en primera fila, fue que no iban a hacerlo ya que quien se había colocado fuera de la Ley era la Guardia Civil y no la Federación Obrera. La actitud de los manifestantes de no obedecer “las órdenes de la autoridad” acabó sacando de quicio al cabo que no podía tolerar que algunas mujeres comenzaran a golpear el camión y a lanzarle piedras.
Ante esta actitud, inmediatamente ordenó a los guardias que le acompañaban que echaran pie a tierra, que montaran sus armas y se colocaran en situación de prevengan por si era necesario hacer fuego.
Lo que pasó a continuación no está demasiado claro. Casi todas las versiones coinciden, sin embargo, en que al verse rodeado por los huelguistas y sin posibilidad de escapatoria el cabo dispara su pistola y ordena a los otros guardias abrir fuego a su vez.
Los manifestantes, que ya casi los tienen rodeados, se abalanzan entonces sobre ellos y tratan de desarmarlos. Pero en la refriega uno de los guardias logra disparar su Mauser y mata a uno de los huelguistas, el obrero Antonio Brito Brito y hiere a otros dos. Con los ánimos exaltados y ya sin control alguno de sus actos los manifestantes acaban obligando a los agentes a lanzarse al vacío desde el borde de la carretera e incluso les empujan. En el acto mueren el cabo Antonio Fuentes y el guardia José Cano sobreviviendo muy malherido el tercer agente, José Garrote, al hacerse “el muerto” e impedir que la muchedumbre siguiera golpeándolo.
El Gobierno que hasta entonces había mantenido una actitud confusa, temerosa y pusilánime, a la vista de los acontecimientos, decide actuar.
Siguiendo ordenes del presidente de la República, Manuel Azaña y del ministro de la Gobernación, Santiago Casares Quiroga, el Gobernador Civil de Santa Cruz de Tenerife, Gil Tirado, envía a Hermigua a una sección de la Guardia Civil mandada por el teniente coronel teniente coronel Juan Vara Terán, Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia.
Nada más desembarcar del vapor Viera y Clavijo los agentes comienzan a practicar detenciones e interrogatorios, utilizando los testimonios de las viudas de los propios agentes muertos y de muchos propietarios de fincas, que se convirtieron en acusadores. De esta manera, la Federación Obrera quedó desmantelada y sus cuadros son detenidos en espera de juicio instruido bajo la jurisdicción castrense, al tener los agentes muertos el status de policía rural adscrita al Ejército, con doble dependencia del ministerio de la Gobernación y del ministro de la Guerra, cargo que se había reservado para si el presidente de la República Manuel Azaña. También son investigados medio centenar de vecinos del pueblo por unirse a la protesta. Durante los meses que siguieron y bajo las instrucciones del comandante general de Canarias, general Enrique Salcedo Molinuevo, se instruye la causa 10/1933 por el delito de agresión a fuerza armada con resultado de muerte en la que están incursos todos los encarcelados (27 detenidos inicialmente y otros diez más adelante) y se practican las pruebas testifícales, periciales y forenses pertinentes al caso.
El juicio se celebra en el desaparecido Cuartel de San Carlos en junio de 1934, con la CEDA y los radicales de Alejandro Lerroux en el poder y las izquierdas fuera del ejecutivo. Preside el Tribunal Militar el teniente coronel de Infantería José Gómez Rumeu. Treinta y siete jornaleros, entre ellos cinco mujeres, algunos de los cuales no saben leer ni escribir, se sientan en el banquillo de los acusados.
Pese a estar en la oposición, el PSOE está decidido a defender a los trabajadores de la Federación Obrera de Hermigua con uñas y dientes y manda a Santa Cruz de Tenerife a dos de sus pesos pesados. Los enviados como abogados defensores fueron Juan-Simeón Vidarte, vicesecretario general del PSOE y hombre de confianza de Indalecio Prieto, diputado por Badajoz y ex secretario general del Congreso de los Diputados y el prestigioso penalista, catedrático de la Universidad Central de Madrid, Luis Jiménez de Asúa, diputado y presidente de la comisión parlamentaria que elaboró la Constitución de 1931, autor de un Tratado de Derecho Penal (siete tomos), considerado una de las mayores aportaciones al derecho criminal.
Los dos habían intervenido meses antes como letrados en los sucesos de Casas Viejas y en otros asuntos parecidos y tenían amplia experiencia en la materia. Les auxiliaban, siete abogados tinerfeños, entre ellos, Luis Rodríguez de la Sierra Figueroa, comunista, que sería diputado a Cortes en 1936, y José Carlos Schwartz Hernández, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, los dos fusilados nada más empezar la Guerra Civil.
Por su parte el ministerio público había puesto también toda la carne en el asador. El fiscal que llevaría el caso desde principio a fin era Lorenzo Martínez Fuset, un jurídico militar y notario nacido en Baeza y destinado por entonces en Canarias, donde más tarde compaginaría su cargo de Fiscal Militar con el de jefe de seguridad de Carmen Polo de Franco y de su hija, Carmencita. Nombrado Jefe de la Auditoria de Guerra en el cuartel de los sublevados, meses más tarde, los propios servidores del régimen le consideraban un tipo duro, que solía extralimitarse en sus funciones, y pedir demasiadas penas de muerte.
Conociendo al personaje, no resulta extraño que durante la vista oral por los sucesos de Hermigua Martínez Fuset comenzara pidiendo 20 penas de muerte para los acusados y otras tantas de reclusión mayor para otros reos. Sin embargo, muchas de sus acusaciones fueron refutadas por infundadas y contradictorias por los letrados Juan-Simeón Vidarte y Jiménez Asúa. Vidarte, por ejemplo, echó la culpa de los incidentes al caciquismo local:
“Los fascistas de Hermigua estaban de enhorabuena. Con burlas y bromas insolentes vieron regresar del tajo al centenar de obreros al que reiteradamente se habían negado a recibir el contratista. Frente a aquel escarnio los trabajadores se rebelaron y el paro fue absoluto en el pueblo”.
Jiménez Asúa, por su parte, resalta la pésima actuación de la Benemérita:
"Fue entonces cuando el comandante del puesto, inopinadamente, se echó hacia atrás, dio las voces de 'carguen' y de 'fuego' y disparó su pistola contra la multitud... Cuando los números iban a hacerlo y los grupos los rodearon para salvar su vida. La muchedumbre, exaltada y contagiada por el furor de los agentes, al querer quitarles las armas al cabo y al guardia Garrote, los arrojan por el barranco".
Así y todo, acabado el plenario, el 9 de julio de 1934 se hace publica la sentencia: cinco de los imputados [Leoncio Fagundo Hernández, Francisco Martín Negrín, Avelino Navarro Méndez, Manuel Avelino Perdomo Plasencia y Vicente Valladolid Mesa] son condenados a la pena de muerte y once más a penas de prisión que oscilan entre los 20 y los 2 años. Otros diecisiete, entre ellos una mujer, resultaron absueltos.
Los acontecimientos de Hermigua tuvieron, sin embargo, su lado positivo para el movimiento obrero de la isla. En las elecciones generales de finales de 1993, uno de sus representantes, Fernando Ascanio Armas, se presenta como candidato del Frente Obrero y Campesino, sustituyendo al orotavense Lucio Illada. Y obtiene la mayoría en Hermigua, Vallehermoso y algunos pueblos de la isla de La Palma. Pero no llega a pisar el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.
La contrapartida fue la unificación y el crecimiento de las derechas en el municipio, que pasan ya a enfrentarse abiertamente al bloque de izquierdas hasta convertirse en dos grupos irreconciliables y antagónicos durante la Guerra Civil y la postguerra. El promotor e “ideólogo” de este bloque fue el guardia civil, José Garrote de Pedro, herido en los sucesos de meses antes y que había salido con vida, como hemos dicho, al “hacerse el muerto”. Nombrado comandante de la Benemérita del puesto de Hermigua aprovechó su “autoridad” para potenciar las candidaturas de derecha y, en especial, a la Falange, que bajo el mando de Antonio Fragoso y otros logró un fulgurante desarrollo.
De modo y manera que cuando el 18 de julio de 1936 se desencadena la Guerra Civil se presentan como voluntarios para acudir al frente nada menos que 56 supuestos seguidores de José Antonio Primo de Rivera o que se declaran a si mismos fascistas, radicales, católicos o apolíticos.
Como es habitual en todas las revoluciones y contiendas, muchos eran antiguos socialistas y afiliados de UGT que cambian de bando sobre la marcha y otros, monárquicos o independientes. La mayoría pide ir al frente, a primera línea, y acaban en la batalla de Brunete, mientras los “señoritos” del pueblo se quedan en Tenerife en labores de “saca”, vigilando las cárceles de Fiffes o dando “paseos” a sus vecinos 17 de los cuales, incluidos los condenados a muerte, y otros como el maestro Enrique Biscarria, que no figuraba en la causa, fueron ejecutados o desaparecieron.
AL INICIARSE LA GUERRA CIVIL, 17 AFILIADOS AL SINDICATO OBRERO SE HACEN FALANGISTAS. A ALGUNOS DE ELLOS SE ATRIBUYEN LOS “PASEOS” DE SUS COMPAÑEROS
Los sucesos de Hermigua constituyeron, no obstante, un elemento de referencia de las izquierdas para organizar la huelga general de octubre de 1934, especialmente en Asturias, Vizcaya y Cataluña con la que las izquierdas pretendían el asalto al “palacio de invierno”.
Entre tanto, mientras los condenados del municipio seguían encarcelados, en Moscú se celebraba entre julio y agosto de 1935 el VII Congreso de la Internacional Comunista que iba a cambiar la historia de España, de Canarias y de los propios presos. Allí los principales líderes comunistas, entre ellos los españoles Dolores Ibarruri, José Díaz y Vicente Uribe, escuchan por primera vez de los labios del secretario general de la Komintern, el búlgaro Jorge Dimitrov, que el “comunismo ha fracasado en toda Europa” y que la única posibilidad del triunfo del proletariado sobre la burguesía radica en admitir el sistema democrático de los países occidentales, infiltrarse en su estructura de poder como una especie de caballo de Troya y dinamitarlos desde dentro.
AL INICIO DE LA CONTIENDA, 17 PERSONAS, INCLUIDOS DOS DE LOS ABOGADOS, UNO DE ELLOS DIPUTADO, SON “PASEADOS” O “DESAPARECEN”. OTRO PARLAMENTARIO, EMILIANO DÍAZ CASTRO, SALVÓ LA VIDA POR LOS PELOS
La nueva estrategia de Moscú, que se sigue con ilusión en la cárcel, establece la unificación de los partidos comunistas y socialistas, de sus juventudes, sindicatos y demás órganos de encuadramiento de masas en Francia y España para concurrir a las elecciones generales en un Frente Popular.
Los comicios se celebran el 14 de febrero de 1936 y aunque haya que esperar al 4 de marzo (a una especie de segunda vuelta) para conocer los resultados, la entrega del poder a las izquierdas por Manuel Portela Valladares antes de conocerse el escrutinio definitivo, llenó de júbilo y satisfacción a los presos de Hermigua, encarcelados desde marzo de 1933.
Un rayo de esperanza se oteaba en el horizonte. Tras la represión sufrida por la Federación Obrera por los gobiernos de derechas en el segundo bienio, ahora, con el Frente Popular, las cosas podían cambiar. Por fin, las largas jornadas de lucha para pedir la amnistía para los reclusos de Hermigua iban a dar sus frutos.
Entre otras cosas, porque en la candidatura que alcanza el triunfo en Tenerife, se encuentran dos de los letrados que más interés han puesto en defender la inocencia de los presos gomeros, el diputado del Puerto de la Cruz Luis Rodríguez de la Sierra Figueroa, presidente del Frente Popular tinerfeño, y el socialista Emiliano Díaz Castro entre otros.
Tras reunirse en Madrid con Manuel Azaña, futuro presidente de la República, y con Indalecio Prieto los presos salen en libertad y regresan amnistiados a su pueblo, donde reciben el homenaje de los suyos, y vuelven a abrazar a sus familiares y a reanudar su vida como si nada hubiera pasado.
La felicidad les duró muy poco. En la madrugada del 14 de julio el capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, fue a visitar a Juan-Simeón Vidarte, uno de los defensores de los presos de Hermigua, y a Indalecio Prieto (por este orden) y les comunicó que él y otros habían secuestrado al diputado José Calvo Sotelo se les había ido la mano y lo acababan de asesinar.
Cuatro días más tarde, al producirse el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, las fuerzas de derechas de la villa, con el cabo José Garrote de Pedro al frente, se hacen con el control absoluto del municipio. Horas después, los protagonistas de los sucesos de marzo de 1933 son detenidos, encarcelados y torturados por los falangistas. Sus mujeres e hijos, obligados a tomar aceite de ricino y a barrer el pueblo con las cabezas rapadas al cero.
Solo uno de los dirigentes de la Federación Obrera de la Gomera, el comunista Guillermo Ascanio Moreno, de Vallehermoso, ingeniero formado en Berlín, logra salvar la vida y se traslada a Madrid donde en 1936 organiza el Batallón de Canarios Voluntarios para la defensa de la capital. De allí pasa a mandar la VIII División del Ejército del Centro. Hasta el 5 de marzo de 1939 en que el coronel Segismundo Casado da un golpe de Estado y rinde la capital de España al general Franco. Entonces, Ascanio se subleva contra sus mandos y, al frente del II Cuerpo de Ejército, se dirige al norte de Madrid para intentar salvar a la Republica. Detenido, sería fusilado el 4 de julio de 1941. Su caso es equiparable al del tinerfeño del bando republicano, Juan Perea Capulino, que de soldado raso acabó de general y terminó mandando el XXI Cuerpo de Ejército en la Batalla del Ebro y finalmente todo el Ejército del Este.
El resto de los protagonistas de los sucesos de la villa de Hermigua, tras sufrir todo tipo de vejaciones y humillaciones son trasladados en barco desde San Sebastián de la Gomera hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife para ser puestos a disposición de la nuevas autoridades judiciales y encarcelados en la prisión de Fiffes. Solo unos pocos llegaron. La mayoría fueron arrojados al mar con las manos atadas a la espalda y una piedra al cuello, en un acto de crueldad y salvajismo inenarrables.
Se cumplía así, aterradoramente, las premonitorias frases de Manuel Portela Valladares “reciben ustedes el poder con el tigre en la puerta” y de Indalecio Prieto publicadas en El Liberal de Bilbao el 15 de julio de 1918, tras el entierro en el cementerio del Este de Madrid del teniente Castillo y de José Calvo Sotelo, uno recibiendo “honores” militares de la Guardia de Asalto y el otro de la Guardia Civil, reflejo vivo de las dos españas.
“Si la reacción sueña con un golpe incruento, como en 1923, se equivoca (…) Esta será una batalla a muerte. Cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel”.
En Hermigua, tristemente en Hermigua, sus presagios se cumplieron con creces. Con un importante matiz. Aunque el municipio no fue declarado nunca zona de guerra – si lo fue por unos días el cercano de Vallehermoso-- las víctimas fueron en su mayoría sus propios correligionarios. Con otro añadido. Los verdugos, en muchos casos, los amigos de la infancia, del colegio e incluso los compañeros de sindicato, como ocurrió en otras partes de España, entre ellas Badajoz, Málaga, Bilbao o Santander.
De ahí que los cadáveres jamás hayan sido encontrados. Por lo que en este caso la consabida frase latina Sit tibi terra levis habría que cambiarla por esta otra Sit tibi mare levis aunque tal vez a muchos lectores les parezca una monstruosa herejía. Arrojar a decenas de hombres al agua con una piedra al cuello no es una muerte digna sino un acto de crueldad innecesario. Incluso para sus verdugos, de haberse producido la invasión de España por los aliados tras la II Guerra Mundial.
AL INICIO DE LA CONTIENDA, 17 PERSONAS, INCLUIDOS DOS DE LOS ABOGADOS, UNO DE ELLOS DIPUTADO, SON “PASEADOS” O “DESAPARECEN”. OTRO PARLAMENTARIO, EMILIANO DÍAZ CASTRO, SALVÓ LA VIDA POR LOS PELOS
La nueva estrategia de Moscú, que se sigue con ilusión en la cárcel, establece la unificación de los partidos comunistas y socialistas, de sus juventudes, sindicatos y demás órganos de encuadramiento de masas en Francia y España para concurrir a las elecciones generales en un Frente Popular.
Los comicios se celebran el 14 de febrero de 1936 y aunque haya que esperar al 4 de marzo (a una especie de segunda vuelta) para conocer los resultados, la entrega del poder a las izquierdas por Manuel Portela Valladares antes de conocerse el escrutinio definitivo, llenó de júbilo y satisfacción a los presos de Hermigua, encarcelados desde marzo de 1933.
Un rayo de esperanza se oteaba en el horizonte. Tras la represión sufrida por la Federación Obrera por los gobiernos de derechas en el segundo bienio, ahora, con el Frente Popular, las cosas podían cambiar. Por fin, las largas jornadas de lucha para pedir la amnistía para los reclusos de Hermigua iban a dar sus frutos.
Entre otras cosas, porque en la candidatura que alcanza el triunfo en Tenerife, se encuentran dos de los letrados que más interés han puesto en defender la inocencia de los presos gomeros, el diputado del Puerto de la Cruz Luis Rodríguez de la Sierra Figueroa, presidente del Frente Popular tinerfeño, y el socialista Emiliano Díaz Castro entre otros.
Tras reunirse en Madrid con Manuel Azaña, futuro presidente de la República, y con Indalecio Prieto los presos salen en libertad y regresan amnistiados a su pueblo, donde reciben el homenaje de los suyos, y vuelven a abrazar a sus familiares y a reanudar su vida como si nada hubiera pasado.
La felicidad les duró muy poco. En la madrugada del 14 de julio el capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, fue a visitar a Juan-Simeón Vidarte, uno de los defensores de los presos de Hermigua, y a Indalecio Prieto (por este orden) y les comunicó que él y otros habían secuestrado al diputado José Calvo Sotelo se les había ido la mano y lo acababan de asesinar.
Cuatro días más tarde, al producirse el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, las fuerzas de derechas de la villa, con el cabo José Garrote de Pedro al frente, se hacen con el control absoluto del municipio. Horas después, los protagonistas de los sucesos de marzo de 1933 son detenidos, encarcelados y torturados por los falangistas. Sus mujeres e hijos, obligados a tomar aceite de ricino y a barrer el pueblo con las cabezas rapadas al cero.
Solo uno de los dirigentes de la Federación Obrera de la Gomera, el comunista Guillermo Ascanio Moreno, de Vallehermoso, ingeniero formado en Berlín, logra salvar la vida y se traslada a Madrid donde en 1936 organiza el Batallón de Canarios Voluntarios para la defensa de la capital. De allí pasa a mandar la VIII División del Ejército del Centro. Hasta el 5 de marzo de 1939 en que el coronel Segismundo Casado da un golpe de Estado y rinde la capital de España al general Franco. Entonces, Ascanio se subleva contra sus mandos y, al frente del II Cuerpo de Ejército, se dirige al norte de Madrid para intentar salvar a la Republica. Detenido, sería fusilado el 4 de julio de 1941. Su caso es equiparable al del tinerfeño del bando republicano, Juan Perea Capulino, que de soldado raso acabó de general y terminó mandando el XXI Cuerpo de Ejército en la Batalla del Ebro y finalmente todo el Ejército del Este.
El resto de los protagonistas de los sucesos de la villa de Hermigua, tras sufrir todo tipo de vejaciones y humillaciones son trasladados en barco desde San Sebastián de la Gomera hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife para ser puestos a disposición de la nuevas autoridades judiciales y encarcelados en la prisión de Fiffes. Solo unos pocos llegaron. La mayoría fueron arrojados al mar con las manos atadas a la espalda y una piedra al cuello, en un acto de crueldad y salvajismo inenarrables.
Se cumplía así, aterradoramente, las premonitorias frases de Manuel Portela Valladares “reciben ustedes el poder con el tigre en la puerta” y de Indalecio Prieto publicadas en El Liberal de Bilbao el 15 de julio de 1918, tras el entierro en el cementerio del Este de Madrid del teniente Castillo y de José Calvo Sotelo, uno recibiendo “honores” militares de la Guardia de Asalto y el otro de la Guardia Civil, reflejo vivo de las dos españas.
“Si la reacción sueña con un golpe incruento, como en 1923, se equivoca (…) Esta será una batalla a muerte. Cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel”.
En Hermigua, tristemente en Hermigua, sus presagios se cumplieron con creces. Con un importante matiz. Aunque el municipio no fue declarado nunca zona de guerra – si lo fue por unos días el cercano de Vallehermoso-- las víctimas fueron en su mayoría sus propios correligionarios. Con otro añadido. Los verdugos, en muchos casos, los amigos de la infancia, del colegio e incluso los compañeros de sindicato, como ocurrió en otras partes de España, entre ellas Badajoz, Málaga, Bilbao o Santander.
De ahí que los cadáveres jamás hayan sido encontrados. Por lo que en este caso la consabida frase latina Sit tibi terra levis habría que cambiarla por esta otra Sit tibi mare levis aunque tal vez a muchos lectores les parezca una monstruosa herejía. Arrojar a decenas de hombres al agua con una piedra al cuello no es una muerte digna sino un acto de crueldad innecesario. Incluso para sus verdugos, de haberse producido la invasión de España por los aliados tras la II Guerra Mundial.
Los sucesos de Hermigua tuvieron trascendencia nacional. En la primera foto puede verse a los nueve abogados del caso, presididos por Luis Jiménez Azúa, padre constitución republicana y uno de los mejores juristas españoles de todos los tiempos; Juan-Simeón Vidarte , diputado Badajoz y miembro ejecutiva PSOE. Fue secretario del Congreso de los Diputados en primera legislatura y (3) el diputado tinerfeño Emiliano Díaz Castro. Éste fue encarcelado por incitar a la violencia en Hermigua y se le abrió causa separada del resto de los presos dos veces. Resultó absuelto. Iba en barco a Madrid el 18 de julio de 1936 junto con otro de los letrados, el diputado por el Puerto de la Cruz Luis Rodríguez de la Sierra Figueroa (asesinado). Al enterarse de los sucesos Luis Rodríguez Figueroa se baja del vapor en Cádiz y es detenido. Lo traen a Tenerife y lo matan. Emiliano Díaz Castro continúa rumbo a Barcelona. Desciende allí y gracias a eso salva la vida. La segunda foto corresponde a un plano de Luis Rodríguez de la Sierra Figueroa. En la tercera aparece Guillermo Ascanio Moreno, de Vallehermoso, fusilado en 1941 tras mandar un cuerpo de Ejercito en Madrid. La cuarta es un viejo retrato del pescante de Hermigua. La quinta, refleja el lugar aproximado donde ocurrieron los sucesos.
Las Cortes de Cádiz de 1812 en su artículo 10 establecen el alcance del territorio nacional pero no entran en detalles acerca de su estructura por municipios, provincias o regiones. En 1822 se promulga una División Territorial de España de Fernando VII y en 1833 la Ley de Plantas de Javier de Burgos.
El 31 de marzo de 1933 lo aseguraba así el diario ABC
José Ramón Fernández Díaz, Antonio Lara Zárate, Enrique Izquierdo Jiménez, Rafael Rubio Carrión, Vidal Gil Tirado, Juan C. González Quesada, Rufino Blanco Fombona, Rafael de Pina Milán, Enrique Malboysson Ponce, José Nofre Jesús, Tomás Salgado Pérez, Enrique Martínez Ruiz-Delgado y Manuel Vázquez Moro. Algunos de ellos ostentaron el cargo horas o días.
Por un supuesto delito de “incitar a la violencia” en Hermigua fue encarcelado el 4 de abril de 1933 y puesto en libertad por falta de pruebas el 20 de mayo de ese año.
[6] Diario de Sesiones del Congreso. Los sucesos de Casas Viejas provocaron la caída del gobierno republicano-socialista de Azaña, al perder apoyos por la derecha y la izquierda.
Si por una catástrofe atómica se perdieran todos los escritos sobre Derecho Penal pero se salvase el Tratado de Jiménez de Asúa, no se habría perdido nada. (Nelson Hungría)
Francisco Franco embarcó en Cádiz el 9 de marzo de 1936 con destino a Tenerife. Poco antes el gobierno del Frente Popular le había nombrado nuevo comandante militar de Canarias para impedir el inminente golpe de Estado.
Hasta el cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer, censuraba sus juicios sumarísimos seguidos de ejecuciones masivas por lo que, tras la guerra, fue “desterrado” a Las Palmas.
El condenado a 20 años de reclusión mayor fue Domingo Medina Santos, que había resultado herido grave en el tiroteo.
En el texto figuran cuatro personas apellidadas Ascanio, dos de Hermigua, Fernando y Pablo Ascanio Armas, y dos de Vallehermoso, Juan Pedro Ascanio García y Guillermo Ascanio Moreno. Todos ellos pertenecían a familias acomodadas de las islas. La familia de Ascanio Moreno era la propietaria, por ejemplo, de los terrenos donde se asienta la refinería Cepsa de Santa Cruz de Tenerife.
El 5 de marzo de 1937, un total de 56 vecinos de Hermigua se habían unido a la Falange y al Movimiento Nacional, según acta del jefe local de Falange, Antonio Fagundo Fragoso. “Todos son personas de mi más absoluta confianza, los cuales al poco de iniciarse el Movimiento Nacional, vieron la salvación de España y no dudaron un solo momento en ofrecerse voluntarios para servirla”, afirma Fagundo. La mayoría de ellos acabarían en el frente de Brunete (6 al 25 de julio de 1937). Veintitrés de ellos, afiliados a Falange, no salieron de Tenerife. Otro dato curioso, 18 habían pertenecido a UGT.
Voluntarios de derechas en la Guerra Civil por Hermigua: Alonso Trujillo Mora, José Mendoza Trujillo, Luis Trujillo Fagundo, Raúl Méndez Aguilar, Norberto y Domingo Méndez Suárez, Ángel Bencomo León, Nicolás Bencomo Rodríguez, Francisco Santamaría Villena, Saturnino Trujillo Trujillo, Agustín Brito Nieblas, Antonio y Sebastián Bencomo Bento, Santiago Méndez Pérez, José Aguiar Rodríguez, Manuel Méndez Méndez, Francisco Bencomo Mendoza, Manuel Trujillo Fagundo, Juan Méndez Pérez, Vidal Pérez Moreno, Domingo Herrera, Vicente Pérez Méndez, Domingo Trujillo Trujillo, José Barrera Hernández, Antonio Lemus Amaro, Vicente Herrera Clemente, Francisco Medel Amaro, Ramón Plascencia Hernández, Alfonso Méndez Suárez, Rafael Bencomo Rodríguez, Pedro Cubas Darias, Asencio Herrera Trujillo, Manuel Santos Trujillo, Amadeo Izquierdo Izquierdo, Alberto, Virgilio y Miguel Trujillo Fragoso y Antonio Fagundo.
Ex sindicalistas miembros de UGT y CNT que figuran en un listado de Falange como adheridos al Movimiento Nacional una vez disuelta la Federación Obrera: José Negrín Domínguez, Benjamin Mora Cabrera, Domingo Cabrera Marichal, José Pérez Moreno, Ángel Medina Sánchez, Ramón Brito Medina, Juan Hernández Prieto, José Alzola Pineda, José Arteaga Alzola, Domingo Pineda Herrera, Juan Morales Mendoza, Domingo Herrera Piñero, Manuel Cubas Hernández, José Magdalena Torres, Ramón Correa Herrera, Ramón Pineda Alzola, Manuel Fragoso Fagundo y José Almenara Herrera
El 29 de octubre de 1934 son clausurados sus locales de la Federación Obrera de Vallehermoso, construidos en terrenos de Guillermo Ascanio. El sindicato, sin embargo, sigue funcionando en el resto de los municipios de la isla.
Entre ellos los hermanos Fernando y Pablo Ascanio Armas. Las personas ejecutadas por los pistoleros de Falange y otros fueron Leoncio Fagundo Hernández, Francisco Martín Negrín, Avelino Navarro Méndez, Manuel Avelino Perdomo Plasencia, Vicente Valladolid Mesa, José León Piñero, Domingo Rodríguez Henríquez, Juan Martín Hernández, Antonio Martín Hernández, Antonio Hernández García, Manuel Casanova Medina, Jesús Chávez, Tomás Brito Méndez, Enrique Bizcaría, Antonia Pineda Prieto y su hijo recién nacido y Fernando y Pablo Ascanio Armas. Tal vez habría que añadir al alcalde de Santa Cruz y a un diputado por el Puerto de la Cruz, ya citados, defensores de los acusados y de otros casos parecidos.
Las Cortes de Cádiz de 1812 en su artículo 10 establecen el alcance del territorio nacional pero no entran en detalles acerca de su estructura por municipios, provincias o regiones. En 1822 se promulga una División Territorial de España de Fernando VII y en 1833 la Ley de Plantas de Javier de Burgos.
El 31 de marzo de 1933 lo aseguraba así el diario ABC
José Ramón Fernández Díaz, Antonio Lara Zárate, Enrique Izquierdo Jiménez, Rafael Rubio Carrión, Vidal Gil Tirado, Juan C. González Quesada, Rufino Blanco Fombona, Rafael de Pina Milán, Enrique Malboysson Ponce, José Nofre Jesús, Tomás Salgado Pérez, Enrique Martínez Ruiz-Delgado y Manuel Vázquez Moro. Algunos de ellos ostentaron el cargo horas o días.
Por un supuesto delito de “incitar a la violencia” en Hermigua fue encarcelado el 4 de abril de 1933 y puesto en libertad por falta de pruebas el 20 de mayo de ese año.
[6] Diario de Sesiones del Congreso. Los sucesos de Casas Viejas provocaron la caída del gobierno republicano-socialista de Azaña, al perder apoyos por la derecha y la izquierda.
Si por una catástrofe atómica se perdieran todos los escritos sobre Derecho Penal pero se salvase el Tratado de Jiménez de Asúa, no se habría perdido nada. (Nelson Hungría)
Francisco Franco embarcó en Cádiz el 9 de marzo de 1936 con destino a Tenerife. Poco antes el gobierno del Frente Popular le había nombrado nuevo comandante militar de Canarias para impedir el inminente golpe de Estado.
Hasta el cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer, censuraba sus juicios sumarísimos seguidos de ejecuciones masivas por lo que, tras la guerra, fue “desterrado” a Las Palmas.
El condenado a 20 años de reclusión mayor fue Domingo Medina Santos, que había resultado herido grave en el tiroteo.
En el texto figuran cuatro personas apellidadas Ascanio, dos de Hermigua, Fernando y Pablo Ascanio Armas, y dos de Vallehermoso, Juan Pedro Ascanio García y Guillermo Ascanio Moreno. Todos ellos pertenecían a familias acomodadas de las islas. La familia de Ascanio Moreno era la propietaria, por ejemplo, de los terrenos donde se asienta la refinería Cepsa de Santa Cruz de Tenerife.
El 5 de marzo de 1937, un total de 56 vecinos de Hermigua se habían unido a la Falange y al Movimiento Nacional, según acta del jefe local de Falange, Antonio Fagundo Fragoso. “Todos son personas de mi más absoluta confianza, los cuales al poco de iniciarse el Movimiento Nacional, vieron la salvación de España y no dudaron un solo momento en ofrecerse voluntarios para servirla”, afirma Fagundo. La mayoría de ellos acabarían en el frente de Brunete (6 al 25 de julio de 1937). Veintitrés de ellos, afiliados a Falange, no salieron de Tenerife. Otro dato curioso, 18 habían pertenecido a UGT.
Voluntarios de derechas en la Guerra Civil por Hermigua: Alonso Trujillo Mora, José Mendoza Trujillo, Luis Trujillo Fagundo, Raúl Méndez Aguilar, Norberto y Domingo Méndez Suárez, Ángel Bencomo León, Nicolás Bencomo Rodríguez, Francisco Santamaría Villena, Saturnino Trujillo Trujillo, Agustín Brito Nieblas, Antonio y Sebastián Bencomo Bento, Santiago Méndez Pérez, José Aguiar Rodríguez, Manuel Méndez Méndez, Francisco Bencomo Mendoza, Manuel Trujillo Fagundo, Juan Méndez Pérez, Vidal Pérez Moreno, Domingo Herrera, Vicente Pérez Méndez, Domingo Trujillo Trujillo, José Barrera Hernández, Antonio Lemus Amaro, Vicente Herrera Clemente, Francisco Medel Amaro, Ramón Plascencia Hernández, Alfonso Méndez Suárez, Rafael Bencomo Rodríguez, Pedro Cubas Darias, Asencio Herrera Trujillo, Manuel Santos Trujillo, Amadeo Izquierdo Izquierdo, Alberto, Virgilio y Miguel Trujillo Fragoso y Antonio Fagundo.
Ex sindicalistas miembros de UGT y CNT que figuran en un listado de Falange como adheridos al Movimiento Nacional una vez disuelta la Federación Obrera: José Negrín Domínguez, Benjamin Mora Cabrera, Domingo Cabrera Marichal, José Pérez Moreno, Ángel Medina Sánchez, Ramón Brito Medina, Juan Hernández Prieto, José Alzola Pineda, José Arteaga Alzola, Domingo Pineda Herrera, Juan Morales Mendoza, Domingo Herrera Piñero, Manuel Cubas Hernández, José Magdalena Torres, Ramón Correa Herrera, Ramón Pineda Alzola, Manuel Fragoso Fagundo y José Almenara Herrera
El 29 de octubre de 1934 son clausurados sus locales de la Federación Obrera de Vallehermoso, construidos en terrenos de Guillermo Ascanio. El sindicato, sin embargo, sigue funcionando en el resto de los municipios de la isla.
Entre ellos los hermanos Fernando y Pablo Ascanio Armas. Las personas ejecutadas por los pistoleros de Falange y otros fueron Leoncio Fagundo Hernández, Francisco Martín Negrín, Avelino Navarro Méndez, Manuel Avelino Perdomo Plasencia, Vicente Valladolid Mesa, José León Piñero, Domingo Rodríguez Henríquez, Juan Martín Hernández, Antonio Martín Hernández, Antonio Hernández García, Manuel Casanova Medina, Jesús Chávez, Tomás Brito Méndez, Enrique Bizcaría, Antonia Pineda Prieto y su hijo recién nacido y Fernando y Pablo Ascanio Armas. Tal vez habría que añadir al alcalde de Santa Cruz y a un diputado por el Puerto de la Cruz, ya citados, defensores de los acusados y de otros casos parecidos.
