Antonio Gonzalez Ramos. Un represaliado franquista.

Antonio Gonzalez Ramos. Un represaliado franquista.




Uno de los hechos más tristes e infames de la Transición en Canarias tuvo lugar el 29 de octubre de 1975. Nos referimos al asesinato a manos del Comisario Matute de Antonio González Ramos, obrero de la construcción del norte de Tenerife y militante del Partido de Unificación Comunista de Canarias (PUCC). Este aciago suceso ha sido fielmente recordado por el periodista y poeta tinerfeño, Julián Ayala, testigo de aquellas jornadas y, gracias a él, conocemos la historia de este cruel suceso sin el manto de infame olvido al que quiso condenarlo la democracia española y, especialmente, el felipismo triunfante a partir de 1982.
Antonio González, entregado a tareas propias de la militancia obrera del PUCC, tuvo la mala fortuna de ser descubierto con material propagandístico así como con una maleta con unos cartuchos de dinamita, destinados a la pesca clandestina. La Policía española no necesitó más para urdir una patraña en torno a los peligros del terrorismo en Canarias y al judoka Matute le bastó una noche de palizas en los sótanos donde hoy se ubica la Subdelegación del Gobierno español en Canarias, en la santacrucera calle de Méndez Núñez, para acabar con la vida del obrero tinerfeño. Posteriormente, se arguyó el consabido suicidio tras arrojarse del coche de la policía en marcha.
Por tan “glorioso” servicio al Estado, Matute, tras un breve periodo de discreta vida en Venezuela, fue premiado por el primer gobierno socialista con un destino en el departamento de elaboración y custodia de los datos de las personas detenidas, en Madrid. La protesta del diputado de la Unión del Pueblo Canario, Fernando Sagaseta, cayó en saco roto. Fue este mismo grupo político, durante su paso por el Ayuntamiento de La Laguna, quien acordó conceder el nombre de una calle a Antonio González Ramos, como recuerdo de Nuestra Memoria Histórica para su viuda y cuatro hijos, así como el resto de los canarios. Una humilde calle para un hombre sencillo, en una ciudad con un callejero plagado de asesinos, mercenarios y carniceros.


MUERE EN COMISARÍA ANTONIO GONZÁLEZ RAMOS En la madrugada del 30 de octubre de 1975, Antonio González Ramos, un obrero de la empresa tabaquera “Philips Morris” y militante del Partido Comunista, fue detenido en su domicilio de Tacoronte (Tenerife) por seis miembros de la Delegación de Seguridad acompañados de cinco guardias civiles del Servicio de Información. A la fuerza lo sacaron de su casa en presencia de su mujer y sus cuatro hijos, de entre 3 y 12 años, al sospechar que escondía explosivos, aunque en el registro domiciliario no encontraron nada. El joven fue trasladado a los calabozos de la Comisaría, en el sótano del Gobierno Civil, donde ingresó a las dos de la madrugada. Minutos después fue llevado al despacho del temido inspector José Matute Fernández, un karateka cinturón negro que acumulaba varias denuncias por malos tratos, para ser interrogado. Esposado, con las manos en la espalda, sufrió golpes en todo el cuerpo que le causaron la muerte. Según el sumario judicial, “la víctima recibió rodillazos en el estómago, y una vez derribada en el suelo, el acusado se dejó caer con las rodillas sobre la caja torácica, fracturándose varias costillas y el esternón, causándole, además, el desgarramiento del hígado”. Cómplice de la salvaje paliza fue el cabo primero de la Guardia Civil, José González Álvarez. Ante la gravedad de las lesiones se avisó a un médico de la clínica Santa Águeda, próxima a la plaza Weyler, que sólo pudo certificar la defunción a las 03:45. Previamente, Matute y su cómplice optaron por llevar a la víctima al interior del calabozo, pero su estado alarmó al responsable de la Policía Armada que custodiaba esa dependencia y que, ante el temor de que fuera implicado en su muerte, puso el suceso en conocimiento del juzgado. La autopsia desmontó la versión de Matute, que atribuía la muerte del joven a una acción de éste lanzándose del vehículo policial, un Peugeot 504, cuando circulaba a gran velocidad camino de los calabozos. Inspector y cabo, que fueron inicialmente procesados, huyeron a Venezuela con la colaboración de mandos policiales. Primero regresaría a España el guardia civil, que temió que Matute acabara con él, al ser el único testigo de los hechos, y después el propio inspector, coincidiendo con la muerte de Franco. El Ministerio Fiscal intentó renunciar a su competencia para que el caso pasara a manos de la justicia militar, circunstancia que evitó el Tribunal Supremo. En noviembre de 1977, después de dos años en prisión provisional y cuando estaba a punto de celebrarse el juicio, se dictó la Ley de Amnistía, que dejó en libertad a ambos, lo que propició la reincorporación de Matute a su puesto de inspector. Con el tiempo, llegó a alcanzar la categoría de comisario.